REFLEXIONS SOBRE LA “LLEI DEL GOVERN LOCAL”
Aquest matí vaig a assistir a una reunió amb diferents Alcaldes en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Es tracta d’una reflexió sobre la “llei del govern local”, encaminada a raonar sobre una premissa, tots necessitem claredat en la nostra competència municipal, així com de financiació de la Comunitat Autònoma, indeterminada per als Ajuntaments.
Com vos dic, el finançament dels ajuntaments és la gran assignatura pendent de la democràcia. Tema que, des de l’administració més pròxima als ciutadans, no hem segut capaços d’abordar en trenta anys, ni tan sols en el temps de crisi que vivim, on els problemes s’agreugen pels ciutadans.
La proximitat al ciutadà, el saber escoltar i copsar les necessitats, i l’agilitat d’actuació, són la base d’aquesta de la eficàcia demostrada pels Ajuntaments en la gestió del dia a dia i en la planificació del futur dels nostres pobles i ciutats.
Els Ajuntaments són els autèntics garants del benestar dels ciutadans i ciutadanes, dels nostres veïns i veïnes. Els Ajuntaments són motor de creixement, però la situació actual no afavoreix tota aquesta tasca municipal.
Fruit de l’estancament de l’economia, els ingressos s’han vist reduïts, de manera molt considerable, i a aquest descens s’ha hagut de fer front a moltísimes de les necessitats i demandes socials, molt sovint sense tindre competències, però amb el ferm compromís de servei als nostres pobles i ciutats.
Es el moment de reconèixer aquest paper clau dels Ajuntaments en una societat democràtica, la seua funció d’escolta activa de la ciutadania i de resposta ràpida i eficaç.
L’educació, l’atenció social, la sanitat, la dependència, l’esport, la cultura, la dinamització del comerç de proximitat, la vida associativa, …, són aspectes clau per assolir una necessària cohesió social.
Per a aconseguir aquests reptes, cal revisar el model i renovar el compromís del Govern Central i del Govern de la nostra Comunitat Autònoma, amb el món municipal. Un model estable, real i adaptat a les necessitats canviants dels nostres pobles i ciutats.
Des dels Ajuntaments seguirem assumint la nostra responsabilitat i compromís, en la confiança de poder-ho fer amb els mitjans adequats i la col·laboració de les altres administracions.
Vos deixe en aquest article:
PROPUESTAS PARA LA LEY DEL GOBIERNO LOCAL VALENCIANO
La Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana es una vieja reivindicación del municipalismo valenciano que se remonta a septiembre de 1999, fecha en que se firmó el acuerdo unánime para el desarrollo de la segunda descentralización que afecta al ámbito local. Más de diez años han transcurrido desde entonces. En todo este tiempo, el Consell se ha limitado a sacar adelante el anteproyecto de ley y a redactar once borradores que depositó en el cesto de los papeles, retrasando deliberadamente el desarrollo de una ley, la de Régimen Local, necesaria desde entonces y que el Estatut de Autonomía recoge como de aprobación obligatoria. Este hecho demuestra que el Partido Popular no ha dado respuesta a las necesidades de los municipios valencianos, y que tan sólo pretende la adhesión inquebrantable a un proyecto legislativo insuficiente, antiguo, cicatero y mezquino.
El anuncio de que el Consell va a aprobar el proyecto es, sin duda, el fruto del trabajo y la presión de los ayuntamientos valencianos y constituye un reto y una oportunidad para construir la nueva arquitectura de la administración local en la Comunitat Valenciana. Los gobiernos locales es la administración más próxima a los ciudadanos, la que da respuestas a sus necesidades y demandas; y por ello es necesario que la decisión última en todo lo que se refiere al Régimen Local la tengan los municipios.
En esta nueva arquitectura municipal ha de primar la capacidad de gestión y de autoorganización, en aras de una mayor transparencia, participación y calidad para nuestros vecinos. De este modo, el texto regulador que se apruebe ha de ser concebido desde la modernidad y la nueva realidad municipal -contemplada como el espacio público común de la ciudadanía-, y ha de constituir el soporte de la organización, las competencias y la financiación de los municipios valencianos. Por todas estas razones, esta ley debe alcanzar el máximo grado de consenso y conseguir una unanimidad responsable, como ya sucedió con la tramitación y aprobación parlamentaria del Estatut. Pero el Partido Popular no se atreve a buscar ni el diálogo ni el consenso.
Una ley impuesta por la matemática parlamentaria, sin duda, tendrá toda la legitimidad democrática; sin embargo si la ley pretende, como debiera ser, constituirse en instrumento para resolver los problemas que aquejan a nuestros vecinos, aproximar y mejorar la prestación de los servicios y articular nuestra comunidad, debe ser una ley consensuada donde todas las sensibilidades existentes sean reconocibles y donde con las consiguientes y necesarias renuncias todos podamos apoyar. Solo de este modo será posible avanzar. Los socialistas estamos dispuestos y preparados para ese consenso.
Necesitamos una ley que dé respuesta a las demandas históricas del Pacto Local de 1999, que nazca de la voluntad política de consolidar el gobierno local como una administración activa, capaz de gestionar sus propias políticas. Para que esto sea posible, la Ley de Régimen local de la Comunitat Valenciana se debe articular en un texto actualizado e innovador en el que se hagan cumplir los fines establecidos en el Estatut de Autonomía en cuanto a la asignación de competencias, la financiación incondicionada y la participación en los ingresos de la Generalitat Valenciana, para que los ayuntamientos puedan dar respuesta a las principales demandas ciudadanas. El mundo local es parte del Estado y necesita un texto ágil, concreto, claro, transparente y sujeto a pocas interpretaciones subjetivas.
En este sentido, los criterios de distribución deben estar claros, dejando atrás el vetusto modelo de subvención del gobierno de Francisco Camps, poco objetivo, sectario y discriminatorio. Ha de quedar meridianamente clara la necesidad de crear un Fondo de Cooperación de la Comunitat Valenciana, de carácter finalista e incondicionado y con una forma igual al Fondo Estatal, de acuerdo con el artículo 64.3 de nuestro Estatut de Autonomía. Un fondo de cooperación basado en la eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal, que respete la autonomía de los gobiernos locales para decidir el destino de los recursos transferidos; y que tenga en cuenta las diferentes variables de necesidad del gasto (población, superficie, capacidad fiscal), las fuentes de ingresos propias de los municipios y su topología.
No sólo hay que garantizar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Generalitat, sino también disponer legalmente el pago de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana con los ayuntamientos por el gasto realizado en la prestación de servicios impropios que corresponden a la Generalitat y que alcanzan porcentualmente un tercio de los presupuestos anuales de los consistorios, y una cantidad acumulada de 3.300 millones de euros en números absolutos que pesan como una losa en las economías municipales.
La Ley de Régimen Local, debe prestar una especial atención a las competencias que desempeñan y van a desempeñar los municipios. Las competencias que la ley asigne deben ser claras e inequívocas e ir acompañadas de los recursos necesarios para su ejercicio. La asignación y la delegación de competencias deben ser adecuadamente atribuidas y reguladas cautelosamente, al objeto de evitar conculcar y difuminar la autonomía municipal reconocida constitucionalmente. Tanto si se atribuyen las competencias completas como si se atribuye la gestión de alguna materia, deben atribuirse los medios y los recursos.
La crítica situación económica de los ayuntamientos ha dado lugar a declaraciones públicas de responsables municipales que afectan al personal al servicio de la administración local. En este sentido, la nueva ley valenciana debe reforzar un nuevo modelo de organización municipal más ágil y eficaz para que pueda cumplir su función prestadora de servicios a los ciudadanos y, al mismo tiempo, debe de garantizar de manera clara en materia de personal los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública local y reforzar la línea de transparencia respecto del personal funcionario que ejerce funciones de control interno y asesoramiento legal preceptivo a los órganos de gobierno local.
Los socialistas valencianos estimamos que el municipio puede y debe jugar un importante papel en el desarrollo económico y en el empleo. La ley debe contemplar para esto facultades en la planificación, propuesta y ejecución de las competencias y los planes de contenido económico y de empleo que realice la Generalitat. No basta con que un representante de los municipios se siente en los consejos u órganos constituidos y opine. Los ayuntamientos deben tener poder de decisión junto al resto de actores para diseñar actuaciones en esta materia que afecten a su territorio.
La Ley de Régimen Local que queremos impulsar los socialistas valencianos ha de crear, además, las condiciones objetivas para el desarrollo de un nuevo espacio público que refuerce el sentimiento de pertenencia y el concepto de ciudadanía, al mismo tiempo que desarrolle en su articulado un Código de Conducta Ética y Democrática de los electos y gobiernos locales.
Estos son los principios, las premisas y propuestas que los socialistas defendemos, como elementos sustanciales para generar un espacio de consenso y discusión democrática; y posibilitar la aprobación unánime de una ley local valenciana que haga justicia a las aspiraciones del municipalismo valenciano, dote de un marco normativo moderno a nuestros ayuntamientos, garantice su eficacia financiera y posibilite que sean instrumentos eficaces para desarrollar con garantías las políticas adecuadas a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana.
José Mª Ángel Batalla
Secretario de Política Municipal. CEN del PSPV.PSOE.